CONADU Histórica solicita al HCS de la UNC se abstenga de modificar el CCT nacional

Ante el intento antidemocrático y traición del gremio ADIUC. Rita Villegas, Secretaria General de CONADU Histórica solicita formalmente al Consejo Superior de la UNC se abstenga de sancionar disposiciones contrarias al Estatuto de los Trabajadores Docentes de las Universidades Nacionales. A continuación reproducimos la nota completa. 

SOLICITA APLICACIÓN DEL PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES.

Buenos Aires, octubre de 2014

Sres. Consejo Superior

Universidad Nacional de Córdoba

 S/D

De nuestra consideración:

Rita Mabel Villegas, en mi carácter de Secretaria General de la Federación Nacional de Docentes, investigadores y Creadores Universitarios (FEDERACIÓN DOCENTE HISTÓRICA – CONADU HISTÓRICA), con domicilio legal en calle Sarandí 1226 de esta Ciudad de Buenos Aires y el patrocinio letrado del Dr. Reinaldo Frigerio, CSJN To. 44, Fo. 144, ante el Honorable Consejo Superior de la universidad Nacional de Córdoba comparezco y respetuosamente digo:

I) OBJETO.

Que en el carácter invocado, me dijo a usted en relación al temario fijado para la próxima reunión de ese órgano, citada para el 7 de octubre del corriente año, y por cuanto se ha propuesto para dicha sesión el tratamiento, por ese Consejo Superior, de materias que regulan la relación laboral de los docentes de esa universidad, solicitando:

1) Se abstenga de sancionar disposiciones contrarias al Estatuto de los Trabajadores Docentes de las Universidades Nacionales, conformado en la Constitución Nacional, los Tratados de la OIT ratificados por la Argentina y el Primer Convenio Colectivo de Trabajo para la actividad, norma de carácter general firmada y ratificada por el conjunto de las Universidades Nacionales Argentinas en un todo de acuerdo con lo previsto en la ley 23.929 y el decreto 1007/95, y destinada a regular las relaciones laborales en todas las Universidades del país, incluida esa Universidad Nacional de Córdoba.

2) La inmediata e incondicional aplicación, en su carácter de empleadora, del Primer Convenio Colectivo de Trabajo para la actividad en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, absteniéndose de pasar dicho cuerpo normativo, suscripto por las partes signatarias del Convenio, por ante cualquier órgano de la empleadora, para su ratificación, convalidación y/o modificación.

3) Se abstenga especialmente de emitir disposiciones contrarias al Marco Jurídico Protectorio de organizaciones gremiales con actividad en esa Universidad, sin perjuicio de su estatus administrativo; especialmente se abstenga de perjudicar a nuestra Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (ADUNCor), con disposiciones contrarias al Convenio Colectivo de Trabajo firmado en el seno de la Comisión Negociadora del Nivel General.

II) PERSONERIA y LEGITIMACIÓN

Nuestra Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – CONADU HISTÓRICA – es una entidad gremial de segundo grado, con Personería Gremial Nº 1755 conferida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) para representar a los Docentes e Investigadores de todas las Universidades nacionales del país.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (ADUNCOR), es una asociación sindical de primer grado afiliada a nuestra federación, que representa a los docentes e investigadores en la universidad Nacional de Córdoba.

De acuerdo al Estatuto, compete a nuestra Federación la defensa de los derechos e intereses de todos los docentes de las Universidades Nacionales en aquellos foros e instancias que fuere menester.

III) EL PROYECTO DE REGULACIÓN DE MATERIAS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Particularmente, se pretende tratar, en la sesión convocada para este siete de octubre, el Convenio Colectivo Nacional firmado y ratificado por la representación del conjunto de las Universidades Nacionales.

Sin embargo, de acuerdo al proyecto que se ha presentado para tratamiento, corresponde destacar que no estamos en presencia de una mera ratificación del texto del Convenio Nacional, sino de una modificación del mismo en perjuicio de los trabajadores.

En efecto.

El art. 12 del CCT nacional, establece:  

“En caso de obtener como mínimo dos evaluaciones negativas, el cargo será llamado a concurso público y abierto de antecedentes y oposición de conformidad a lo establecido en el art. 11, continuando el docente en el cargo hasta la cobertura por concurso.”
El art. 12 del proyecto que se tratará en la sesión del 7 de octubre, establece:

“La permanencia en la carrera docente se regirá también por las disposiciones de los arts. 64 al 80 del Estatuto de la Universidad en su actual redacción.”.

El Estatuto de la Universidad establece que, luego de una primera evaluación negativa se debe sustanciar un nuevo concurso en el plazo de seis meses. Después de ese plazo, se haya realizado ó no el concurso, las autoridades pueden despedir al docente.

Por otra parte, de la lectura del proyecto cuyo tratamiento propone el consejo Superior de la Universidad, surge que los gremios simplemente inscriptos carecen de todo derecho, en contradicción, no solamente con lo dispuesto en el Convenio Colectivo suscripto y ratificado de conformidad con la ley 23.929 y el decreto 1007/95, sino con la totalidad del marco jurídico de aplicación a las relaciones profesionales universitarias y a las normas protectorias de la actividad sindical.


Al respecto, desde su creación nuestra Federación ha sostenido que la autonomía y autarquía universitarias no pueden ser invocadas en perjuicio de los trabajadores docentes universitarios.

Que los derechos de éstos, contenidos en un plexo normativo integrado por la Constitución Nacional, los Tratados y el Convenio Colectivo de Trabajo, prevalecen sobre las normas de los Estatutos Universitarios y las Resoluciones dictadas por sus órganos de gobierno.

Así lo ha sostenido en todos aquellos foros, nacionales e internacionales en los que debió ocurrir en defensa de los trabajadores.

Particularmente, en relación a las materias laborales que se dispone a tratar el Consejo Superior de la Universidad, nuestra Federación ha sostenido que los docentes de las Universidades Nacionales son titulares de los derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, especialmente:

1) Estabilidad laboral.

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público…”

2) Celebración de convenios Colectivos de Trabajo.

“Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga”

El artículo 19 de la ley de presupuesto nacional nro. 24.447, estableció pautas para el procedimiento de negociación colectiva en las Universidades Nacionales, ordenando a la empleadora Universidad Nacional se establezcan acuerdos para ejercer su representación en la negociación. Dicha norma fue posteriormente incluida por el Congreso Nacional en la ley complementaria permanente de presupuesto número 11.672, consagrando su vocación de permanencia:

“Las Universidades Nacionales fijarán su régimen salarial y de administración de personal, a cuyo efecto asumirán la representación que corresponde al sector empleador en el desarrollo de las negociaciones colectivas dispuestas por las Leyes Nros. 23.929 y 24.185. En el nivel general las Universidades Nacionales deberán unificar su representación mediante la celebración de un acuerdo que establezca los alcances de la misma” (Artículo 118).

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ejerce desde entonces la representación de la empleadora en la negociación, salarial y del Convenio Colectivo.

3) Organización sindical libre y democrática.

2.1. “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:… organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”

4) Protección y tutela sindical.

“Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.

El Convenio Colectivo de Trabajo Nacional que la empleadora se apresta a modificar unilateralmente, contiene disposiciones protectorias de la actividad sindical, que favorecen a organizaciones gremiales sin distinción de su estatus administrativo.

Como hemos dejado constancia en numerosas oportunidades, el Régimen de precariedad laboral en las relaciones profesionales universitarias afecta, como directa consecuencia, el ejercicio de los derechos colectivos de libertad y autonomía sindical, enervando el marco jurídico de aplicación nacional y los Convenios 87 y 98 de la OIT, entre otros.

Este marco jurídico que prevalece, en fraude a la ley, sobre otro jerárquicamente superior, integrado por la misma Constitución Nacional y los tratados internacionales, constituye un injusto para miles de trabajadores y, en materia de derecho, promueve la necesidad de una impugnación y, además, de una reforma jurídica.

También hemos reiterado que la precarización laboral fundada en la autonomía universitaria ha permitido a las universidades desconocer el Marco Protectorio fijado en los convenios OIT citados y el Marco jurídico de aplicación nacional.

Tal posición de la universidad, jurídica y política, implica un desconocimiento palmario del Régimen Protectorio de la actividad sindical, así como en un alto de discrecionalidad en los actos de la autoridad universitaria.

La actividad desplegada en tales casos es contraria a los principios protectorios de derecho nacional e internacional. La Argentina ha ratificado el Convenio sobre la Libertad Sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948 (nro. 87), así como el derecho de la sindicación y de negociación colectiva (nro. 98).

Conforme los términos de la Constitución Nacional (art. 14 bis), “Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.

Dicha norma es operativa pues se encuentra directamente preceptada por el texto constitucional sin que se la condicione a reglamentación (Sagues Néstor, “Constitucionalismo Social”, Tratado de Derecho del Trabajo, To. 2, Pág. 804).

El Convenio 98 sobre protección del derecho de sindicación y negociación colectiva dispone que “los trabajadores deberán gozar de la adecuada protección sindical contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación a su empleo”, cuidando específicamente que la protección surta efecto contra “todo acto que tenga por objeto…despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación sindical” (artículo 1, Convenio nro. 98, O.I.T.).

El Convenio nro. 110 reitera en su artículo 38 la disposición anterior.

El Convenio nro. 117 sobre política social promueve la supresión de toda discriminación entre los trabajadores fundada en la afiliación a un sindicato.

El Convenio 135 de 1971 sobre los representantes de los trabajadores que dispone que “los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato o de su participación en la actividad sindical”.

Especialmente interesa poner de manifiesto la violación al Convenio nro. 151 de 1978, sobre relaciones de empleo en la administración pública, que garantiza a los empleados protección contra todo acto de discriminación antisindical en relación a su empleo, especialmente cuando se intente perjudicar a aquellos por causa de su participación en actividades normales de la asociación sindical.

Por último, debe ponerse de relieve lo prescripto por el Convenio nro. 158 sobre terminación de la relación de trabajo, que prescribe que no constituye causa justificada para la terminación del contrato de trabajo el hecho de actuar como representante de trabajadores ni la participación en actividades sindicales.

El Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. ha resuelto en numerosas oportunidades que las autoridades deben abstenerse de todo acto que pueda provocar o tenga por objeto provocar una discriminación contra el trabajador.

Consecuencia de la aplicación irregular de los principios de autonomía y autarquía universitarias, resulta el aislamiento de los trabajadores docentes universitarios del régimen de protección sindical Nacional y Supralegal.

Hacemos un llamado al Consejo superior de la Universidad Nacional de Córdoba a efectos de que se abstenga de modificar el Convenio colectivo de Trabajo en perjuicio de las organizaciones gremiales protegidas por el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, sin perjuicio de su estatus administrativo, reservando las acciones legales correspondientes.

IV) Conclusión.

Pese a la firma y ratificación del Convenio Colectivo de Trabajo General, cuya prevalencia sobre los Estatutos Universitarios y las Resoluciones dictadas por las autoridades universitarias en cumplimiento de los mismos es inobjetable, tampoco se estaría garantizando, a los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, el piso de derechos allí consagrados.

La Universidad Nacional de Córdoba carece de competencia para tratar, convalidar y mucho menos modificar el texto del Convenio Colectivo de Trabajo Nacional suscripto por su representación, el Consejo interuniversitario Nacional, pues desconocer el mandato otorgado a sus paritarios nacionales constituye una práctica desleal sancionada legalmente.

El Convenio Colectivo de Trabajo ha sido suscripto por las partes signatarias, trabajadora y empleadora, y el marco jurídico de aplicación en la que se arribó al Convenio le otorga fuerza de ley: la Universidad debe limitarse a aplicarlo y no modificarlo.

Mediante la discusión de la materia laboral citada, es la propia empleadora quien, a través de su Consejo Superior, una vez firmado el convenio Colectivo entre ambas partes, intenta posteriormente modificarlo y revocarlo parcialmente, en perjuicio de los trabajadores, y de manera absolutamente unilateral.

El Consejo Superior es la empeladora universitaria, integrada por distintos estamentos en los que no están representadas las asociaciones sindicales signatarias del convenio Colectivo de Trabajo legalmente competentes para hacerlo, por lo que mal puede abocarse al tratamiento de un Convenio Colectivo de Trabajo, el que debe sustanciarse en el ámbito jurídico y fáctico determinado por el marco jurídico de aplicación, la Constitución Nacional, los Tratados, las leyes 23.551 y 23.929 y el decreto 1007/95.

Además de constituir una práctica contraria a la ética en las relaciones profesionales del trabajo, las disposiciones que los órganos universitarios adopten en esta tesitura son absolutamente nulas e insanables.

V) PETITORIO

Por lo antes expuesto, al Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba solicitamos:

1) Se abstenga de sancionar disposiciones contrarias al Estatuto de los Trabajadores Docentes de las Universidades Nacionales, conformado en la Constitución Nacional, los Tratados de la OIT ratificados por la Argentina y el Primer Convenio Colectivo de Trabajo para la actividad, norma de carácter general firmada y ratificada por el conjunto de las Universidades Nacionales Argentinas en un todo de acuerdo con lo previsto en la ley 23.929 y el decreto 1007/95, y destinada a regular las relaciones laborales en todas las Universidades del país, incluida esa Universidad Nacional de Córdoba.

2) La inmediata e incondicional aplicación, en su carácter de empleadora, del Primer Convenio Colectivo de Trabajo para la actividad en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, absteniéndose de pasar dicho cuerpo normativo, suscripto por las partes signatarias del Convenio, por ante cualquier órgano de la empleadora, para su ratificación, convalidación y/o modificación.

3) Se abstenga especialmente de emitir disposiciones contrarias al Marco Jurídico Protectorio de organizaciones gremiales con actividad en esa Universidad, sin perjuicio de su estatus administrativo; especialmente se abstenga de perjudicar a nuestra Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (ADUNCor), con disposiciones contrarias al Convenio Colectivo de Trabajo firmado en el seno de la Comisión Negociadora del Nivel General.

4) Oportunamente, y para el eventual supuesto en que hayan sido sancionadas disposiciones modificatorias del Primer Convenio Colectivo de Trabajo para la actividad, se revoque en sede administrativa la misma.

Sin otro particular, saludo al honorable consejo Superior muy atentamente.


Información relacionada

  • CCT NACIONAL Convenio Colectivo para los Docentes de las Insituciones Universitarias Nacionales (PDF)
  • CCT de ADIUC Intento de traición a los derechos contenidos en el Convenio Colectivo de Trabajo.